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El régimen chavista recrudece la persecución a los opositores: designó a dos fiscales que sólo investigarán a "traidores a la patria"

Tarek William Saab, fiscal general designado pro le chavismo luego de desplazar a Luisa Ortega Díaz

“Hemos designado en este caso también, dos fiscales del MP que van a investigar estos hechos y sepan ustedes algo (…) qué interesante que prácticamente el primer artículo (del Código Penal) cuando usted comienza a leer te habla de estos supuestos que usted ha señalado, de traición a la patria”, dijo el fiscal general, Tarek Saab.

Dos días después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobara iniciar un “juicio histórico” contra los “traidores a la patria” que pidieron y apoyaron las sanciones, el fiscal explicó que la investigación se centrará en quienes hicieron un “escandaloso llamado a intervención militar, no solo a bloqueo económico”.

Saab hizo este anuncio en una rueda de prensa en la sede del MP en Caracas, en la que resaltó la gravedad de la postura de la que el oficialismo acusa a la oposición, que sí ha respaldado las sanciones pero rechazó la “opción militar” para Venezuela que dijo contemplar el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial de Venezuela”, declaró la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en un comunicado emitido el domingo.

“Se ha llamado al ahogo económico del país. Eso perjudica desde el empresario emprendedor que quiere producir puestos de trabajo, generar una riqueza sana y lícita, darle a Venezuela los bienes que necesita, hasta al más humilde campesino”, afirmó Saab, que fue nombrado el 5 de agosto fiscal por la ANC luego de que el régimen desplazara a Luisa Ortega Díaz del cargo, la otrora chavista que se rebeló a Nicolás Maduro.

Una orden ejecutiva de la Administración estadounidense prohibió específicamente las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal”, así como las “negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, y pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela”.

EEUU aplicó estas medidas contra el Gobierno de Nicolás Maduro tras instaurar este la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano plenipotenciario para refundar el Estado que está integrado únicamente por oficialistas y ha sido denunciado por sus detractores como un instrumento para consolidar una dictadura en el país.

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Source: America latina

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